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Pensiones para un país sin ahorros

Los expertos advierten de que el sistema público no garantiza que los jubilados vayan a mantener su poder adquisitivo en el futuro.

El debate sobre la jubilación en España es como el Guadiana: aparece y desaparece a golpe de titular. El último, del pasado julio, tiene que ver con la nueva mengua de 9.700 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ahora almacena 24.207 millones de euros frente a los 66.815 de 2011, su mejor momento. Los expertos alertan de que sin una reforma a fondo del Pacto de Toledo no quedará más alternativa que bajar las prestaciones o subir los impuestos (o las dos cosas). Mientras se acerca la fecha de la jubilación de la generación del baby boom, España sigue siendo uno de los países de la OCDE que menos ahorro privado destina a esa hucha. En agosto, el último dato disponible, había 102.115 millones de euros en 9,8 millones de cuentas adheridas a uno de los 1.630 fondos que se comercializan en el país. El 58% está en valores de renta fija, lo que hace que la rentabilidad acumulada este año sea de -0,91% (primer trimestre), frente al 1,6% de 2015. EL PAÍS ha promovido, con el patrocinio del Banco Sabadell, un foro de debate para reflexionar sobre cómo se puede mantener el poder adquisitivo de los actuales pensionistas (8,5 millones que ingresan una media mensual de 1.044 euros) y de los futuros.

El marco lo define Flavia Rodríguez-Ponga, directora de los planes y fondos de pensiones del Ministerio de Economía. “Todos vivimos con incertidumbre esa tercera etapa de la vida. Tenemos que ser conscientes de que en la tercera edad podemos estar muy bien… o no. Podemos ser autónomos o no, puede ser una etapa larga o corta, con una familia que ayude o sin apoyos”. Su departamento, encargado de la supervisión de los productos del sector privado, ha implantado varias medidas fruto del debate de un grupo de trabajo que reúne a mediadores, actuarios, consumidores, sindicatos, catedráticos, peritos de seguros, agentes del sector y Administraciones Públicas, que trasladan los riesgos biométricos al ámbito asegurador. Una de ellas es facilitar la conversión del patrimonio inmobiliario a rentas vitalicias: la ganancia patrimonial de la venta de un inmueble está exenta de tributación hasta 240.000 euros.

El objetivo es conseguir la estabilidad del sistema. Pero los mecanismos actuales parecen vivir bajo la permanente amenaza del envejecimiento de la sociedad, de la precariedad laboral y de la reducción silenciosa de la llamada tasa de sustitución, el porcentaje del último salario que representa la primera pensión. Ahora es del 82%, pero se espera que baje al 50% de aquí a 2060 de manera progresiva.

Silvia Ávila, subdirectora general y directora de Banca Seguros del Banco Sabadell, ve “cierto avance” en la conciencia ciudadana “sobre la importancia de tomar parte activa en la solución”. “Ahorrar es renunciar a un consumo inmediato, y eso cuesta, pero el objetivo debería ser impulsar el ahorro”. Medidas como el informe que el Gobierno se comprometió a enviar a los mayores de 50 años (con una previsión de lo que cobrarán del Estado cuando se retiren) se anularon para no alarmar a la población, algo que ha sido muy criticado por el sector. En su lugar, Rodríguez-Ponga recuerda que en la web de la Seguridad Social hay un simulador que hace el cálculo (para acceder a él hay que registrarse presencialmente en el organismo). “En cuanto a los planes privados, hemos homogeneizado el cálculo de la rentabilidad esperada”, apunta.

Pero el panorama es el que es. Carlos Herrera, miembro del Comité de Servicios a Asociados de la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, en sus siglas en inglés), cree que el problema está en la base del sistema público de pensiones. “Tenemos que acometer el tema de forma valiente y decidida, no podemos quedarnos detrás de la valla. Los políticos deben dejar este tema al lado de los técnicos y especialistas. Las pensiones públicas están como están, el ciudadano tiene que verlo. Cuando lo vean empezarán a ahorrar. Para mí lo importante es llegar a un sistema mixto por el cual a través de la empresa se ahorre. Ahorremos, porque hay que complementar la pensión pública”.

Juan Aznar, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, perteneciente a Mutua Madrileña, percibe que hay un consenso en la clase política “por transmitir a la sociedad que el sistema público de pensiones actual es viable y solvente. Y eso no es así. Mientras no se rompa este consenso será muy difícil que la sociedad se sensibilice”. Recuerda que solo un pequeño porcentaje de los encuestados por el CIS señala la previsión social del retiro como una preocupación. “El estímulo al ahorro tiene que venir no solo de los incentivos fiscales, sino de la concienciación.

Mayor viabilidad

José Antonio Cortés, director general de GVC Gaesco, da su propio diagnóstico: “La falta de viabilidad se puede debatir desde una perspectiva técnica o ideológica. En lo primero creo que razonablemente podríamos encontrar un consenso para que el sistema de pensiones fuese viable (con reformas paramétricas). El problema es que, con esas reformas, en un futuro a corto plazo la brecha social se ampliará”. Cortés recuerda que los planes de ahorro individuales suponen el 5% del ahorro neto financiero de los españoles, que es de 1,1 billones, el 110% del PIB. “Además, hay otros cuatro billones en inmuebles. Con esta estructura tenemos que vivir, forma parte de nuestra idiosincrasia. ¿Cómo ir fomentando el ahorro financiero en vez del inmobiliario?”, se pregunta. Y abunda en la dificultad de dar ese paso cuando el tejido industrial está formado por microempresas y autónomos. “Pedirle a un autónomo que se haga un plan de pensiones, o que cotice por una base que genere una pensión más digna es complicado. ¿Por qué? Por la tendencia a procrastinar. ¿Pero qué sucede con los que no tienen trabajo, no han cotizado 15 años a lo largo de su vida laboral, o tienen un trabajo precario? ¿Cómo se solventa eso? Con crecimiento económico. Una vía para estimularlo es aumentar la demografía, atacar el problema desde la raíz”.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, alerta de que la disminución de la tasa de sustitución va a desembocar en un país con unos pensionistas de primera y otros de segunda. “Los de primera son los que han tenido capacidad de ahorrar, y los de segunda, los que no la han tenido ni individual ni colectivamente porque no han tenido información”. Recuerda que la OCDE recomienda “aumentar la capacidad de ahorrar a través de sistemas privados. No estamos inventando la rueda, en muchos países el peso del sistema privado es mucho mayor. En nuestro caso estamos en el menor de los menores”.

Las soluciones, añade Herrera, son múltiples, como potenciar los planes de empresas. “Tendríamos que aportar ideas imaginativas: como que por obligación tengan que hacer aportaciones al empleado para que vaya ahorrando. O que se implementen medidas fiscales”. Enumera algunas, como que las aportaciones empresariales no se imputen al trabajador como rentas del trabajo, o que una parte de los beneficios se destinen de forma pactada a planes de pensiones y que esos dividendos sean deducibles en el impuesto de sociedades. En resumen, “soluciones que fomenten que sea normal un sistema mixto como en cualquier país de Europa” acompañadas de una buena educación financiera para planificar el retiro.

Juan Aznar, en cambio, cree que circunscribir el debate fiscal al ámbito de los productos específicos para la jubilación es limitado. “La bolsa de ahorro se canaliza a través de muchos vehículos financieros. La fiscalidad debería favorecer la inversión a largo plazo independientemente de si esta se canaliza a través de productos de previsión social complementaria”. La clave, dice, es fomentar la cultura del ahorro.

La representante del Sabadell ve algunos avances para romper esa resistencia. “La iliquidez [de los productos], sobre todo para los más jóvenes, puede ser una barrera mental aunque a la hora de la verdad pocas veces se ejercite. El hecho de que haya mayores supuestos para recuperar los planes de pensiones antes de la jubilación en determinadas circunstancias es una medida positiva”. Rodríguez-Ponga, la representante del ministerio, enumera que se han reducido trabas a las aportaciones a los planes de pensiones, se han bajado las comisiones y se ha introducido “el supuesto de liquidez excepcional en caso de vivienda habitual, para que las personas que no puedan pagar la hipoteca de su vivienda habitual y tengan planes de pensiones puedan utilizarlos. Eso favorece la comercialización de los planes de pensiones, porque te libera de incógnitas que puedas tener a lo largo de tu vida”. También han racionalizado el sistema de información, con escalas de 1 a 7 y candados que representan una mayor o menor liquidez.

Para Ávila, “hay muchos perfiles de riesgo distintos, muchos productos en el mercado, y probablemente no todos son satisfactorios”. Lo importante es que el cliente “tenga la opción de asesorarse y tomar la decisión adecuada en un entorno de mercado muy complejo”. Cortés reconoce que, respecto a la escasa rentabilidad de los planes, “hay una parte de culpa de la industria por vender un producto como estanco. Se tiene que ir haciendo un seguimiento según su perfil de riesgo, su ciclo vital, las perspectivas. Lo que no puede ser es que, por determinadas circunstancias, una persona invierta en renta fija a corto plazo y se quede ahí. Hay que gestionarlo, igual que se gestiona un fondo de inversión”.

Martínez-Aldama, en cualquier caso, cree que las rentabilidades de los productos en España están en línea con las de otros países europeos. “El verdadero debate es que en España el sistema de pensiones en fondos supone el 9% del producto bruto, la media en la OCDE es el 34%. Nuestro modelo está cojo”.

 

Fuente:www.economia.elpais.com

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